ELABORADO
POR Dña. Pilar Esquinas Rodrigo. Abogada
Experta en Derecho de Aguas y D. Luis Francisco Turrión Peláez. Geólogo-Especialista
en Hidrogeología Aplicada
Necesitamos una gestión
científica, sostenible, democrática y participativa del agua; donde los
ciudadanos tengan el derecho real a acceder al agua pública en igualdad de
condiciones y de forma compatible con el medio ambiente, y a ver mejorado el
estado ambiental de nuestros ríos y humedales. Todo ello, basado además, en los
principios de unidad de gestión de cada cuenca hidrográfica y en el de la
autosuficiencia hídrica de cada una de ellas.
¿Cómo hemos llegado
hasta aquí?
Desde
mediados del siglo pasado, las grandes empresas constructoras, vienen
influyendo en los gobiernos para ejecutar obras hidráulicas (trasvases y
presas) amparándose en un supuesto “interés general” de los ciudadanos, pero
sin evaluar bien otras alternativas más baratas.
Para
ello, no se ha dudado en esconder estudios de prestigiosos científicos e
instituciones, que han venido demostrando, ya desde el primer momento y hasta
el día de hoy, que las aguas subterráneas propias de los acuíferos inferiores de
las cuenca hidrográficas calizas, la desalación de aguas salobres y marinas y
una gestión democrática de la demanda, son más que suficientes para mantener y desarrollar
un regadío sostenible y eficiente, y preservar, al mismo tiempo, los
ecosistemas fluviales y humedales.
Esa vieja
política trasvasista, ha llevado aparejada otra de “hundir las naves”, para que
esa sea la única salida a una ficticia –que no real- “escasez de agua” en
región como la de Murcia o Valencia por ejemplo, y basada en el mito político, y
nada científico, de un supuesto “déficit hídrico”. Así, se ha llegado, vía Real
Decreto (Planes Hidrológicos 2009-2015), hasta
prohibir a los ciudadanos nuevos usos de su propia agua: el agua
subterránea que tienen bajo sus pies, en cuencas como la del Duero, Guadiana y
Segura.
Para
ello, no se ha dudado en emplear seis artificiosas hipótesis: a) la de
simplificar el funcionamiento de los acuíferos confinados como si de embalses
superficiales se tratara;
b) la
de considerar, en la mayoría de los casos, como nulas las trasferencias
laterales de agua subterránea entre formaciones acuíferas; c) la de estimar en casi
nulos los drenajes subterráneos al mar -superiores éstos a los fluviales en las
cuencas mediterráneas, según recientes estudios publicados en este mismo año
2015-; d) la de entender los acuíferos como únicos en la vertical y no definir
los superiores e inferiores; e) la de
partir de la hipótesis de que es cero el agua embalsada en estos acuíferos
inferiores -en contra de las estimaciones contenidas en prestigiosos estudios
del IGME de finales del siglo pasado-; y f) la de medir el estado de estos
acuíferos frecuentemente confinados en pozos de constante bombeo cíclico, lo que
distorsionan el valor de la presión real del agua en el interior de la masa de
agua subterránea.
De
paso, se justifica, con este falso déficit, el encarecimiento del recibo del
agua municipal año tras año, cada día más controlada por multinacionales del
agua privatizada; a pesar de que en ciudades como la de Murcia, se tenga que
achicar el agua constantemente de muchos garajes y tirarla a las alcantarillas -a
razón de unos 2.000 litros por segundo- para que no se inunden los coches. Agua
que se podría utilizar en la industria y en la agricultura para ayudar a generar
empleo; y que no solo sirva para regar jardines, como pasa ahora.
Diagnóstico de la
situación actual
El
Memorando sobre el Trasvase del Tajo, que incluyó el Gobierno en la nueva Ley
de Impacto Ambiental, no sólo ha introducido nuevas tensiones entre la cuenca
cedente y receptora; sino además, entre los regantes de ese agua trasvasada,
por un lado, y los tradicionales de las vegas del Segura aguas abajo del Azud
de Ojós. La reducción del volumen trasvasado en este año 2015, no se ha
sustituido con agua propia de la cuenca del Segura todavía, tanto desalada como
subterránea de sus acuíferos inferiores -que ni siquiera se han incluido en el nuevo
Plan Hidrológico del Segura-.
La
mezcla de esa agua subterránea propia más barata, con la de las nuevas
desaladoras, actualmente infrautilizadas, permitiría aportar un importante
volumen de agua para abastecimiento urbano, regadío y uso industrial a un
precio más que razonable, aumentar su garantía en cantidad y calidad todos los
años, hacer sostenibles las actuales y futuras demandas y poder avanzar así,
hacia la autosuficiencia hídrica en la cuenca del Segura.
Por
otro lado, los nuevos planes hidrológicos
2009-2015, enfocados hacia justificar nuevas obras de hormigón y hacia el
“agua-negocio” del abastecimiento privado municipal, ponen trabas a los
regantes e industriales para acceder a su propia agua, la subterránea, y están dificultando la recuperación
económica por cuatro razones:
Primero,
porque, en muchos casos, se les obliga a conectar su actividad a la red
municipal y consumir sólo esa agua en exclusiva para todos los usos; ya sean de
abastecimiento público o estrictamente industrial: como lavado de frutas,
maquinaria, baldeo de instalaciones, refrigeración, riego de jardines o
abastecimiento de ganado estabulado.
Segundo,
porque ante situaciones puntuales de sequía en los cultivos de secano, como el
almendro, vid y olivar, cultivos ampliamente distribuidos por la mitad sur de la
península, se prohíbe hacer nuevos pozos de menos de 7.000 metros
cúbicos, de los previstos en la Ley de Aguas, para poder
superar dicha falta temporal de agua de lluvia en base a muy discutibles
declaraciones de mal estado cuantitativo y por los motivos arriba expuestos.
Tercero,
porque al prohibirse nuevas concesiones de escasa importancia (hasta 50.000
m3/año) en muchos municipios, se está dificultando que se instalen nuevas
industrias y nuevos regadíos sostenibles en las zonas desfavorecidas económicamente
del interior peninsular y del sur. También, se dificulta la redotación de
cultivos ya existentes, que necesitan más garantía de agua para ser más
competitivos para el consumo interno y la exportación y
Cuarto,
porque se han declarado algunos acuíferos en mal estado cuantitativo, lo que
impide nuevos accesos a su agua, apartándose claramente del mínimo rigor
científico exigible, como se ha dicho antes.
Por otra parte, y en contra de lo establecido por la Directiva Marco del
Agua y otras normativas europeas de acceso a la información, siguen existiendo
carencias y dificultades para que los ciudadanos puedan acceder a la
información del uso y control del Dominio Público Hidráulico y tampoco existe
una participación ciudadana real en la gestión del agua.
La creciente privatización de los
servicios públicos del agua ha conducido a una gestión basada en el afán de
lucro y en la escasa transparencia, afectando al acceso al agua de los sectores
más desfavorecidos. Los municipios con el servicio privatizado han cortado el agua,
en plena crisis económica, a las familias que no han podido pagarlo, violando
de manera flagrante el derecho humano al agua, reconocido internacionalmente. A
modo de ejemplo de este despropósito, algunos municipios, como el de Murcia, que
tienen el agua de las más cara de España, en muchos barrios se ven obligados a
achicar el agua subterránea de garajes y sótanos constantemente, para que no se
inunden los coches.
¿A dónde queremos ir?
El agua es un bien estratégico que debe ser gestionado
íntegramente por el Estado de forma compatible con el
medio ambiente y respetando los derechos existentes. Por ello, consideramos que
la gestión del agua en España debe ser pública, participativa y orientada a un
desarrollo económico compatible con el medio ambiente y a la sostenibilidad de
los recursos.
Además de los anteriores, la
política de agua debe basarse en los principios de: la unidad de gestión de cada cuenca hidrográfica y en el de la
autosuficiencia hídrica en cada una de ellas; y en el derecho de los
ciudadanos a acceder al agua con igualdad de oportunidades y de forma
sostenible y compatible con el medio ambiente, para que se pueda alcanzar el
buen estado de nuestros ríos, acuíferos y humedales, como exige la Directiva
Marco del Agua.
Todos los usos pueden ser sostenibles con el agua
propia de cada demarcación hidrográfica. En
efecto, las aguas subterráneas, mezcladas con las aguas desalobradas, desaladas,
fluviales y reutilizadas pueden ayudar a esa autosuficiencia hídrica en un
horizonte temporal cercano y afrontar un futuro de prosperidad económica, con una más justa distribución de la renta y de
forma compatible con el medio ambiente; y donde la gestión sea participada por
la ciudadanía con un control democrático estricto, trasparente y real de las
demandas.
Los ciudadanos no podemos
tener el agua de abastecimiento municipal en manos de empresas privadas, que
nos encarecen el recibo del agua todos los años, mientras nos cobran por
achicar el agua subterránea de garajes y sótanos para que no se inunden
nuestros coches. El agua no puede ser un negocio, es un derecho humano que debemos
recuperar con la remunicipalización del agua urbana.
El agua subterránea,
administrada por el Estado mediante pozos que capten solo el agua de los
acuíferos confinados inferiores, puede
dinamizar la economía, posibilitando el desarrollo de nuevos regadíos de
bajos consumos en zonas tradicionales de cultivos de secano, garantizando la
permanencia de los ya existentes y posibilitando el establecimiento de
industrias agroalimentarias o de otro tipo.
Las industrias deben tener una doble red de suministro
de agua: una municipal de abastecimiento público y otra con
agua más barata para usos industriales de gestión pública.
Propuestas
y
Medidas Inmediatas
1.
Derogar los artículos de los planes hidrológicos que
prohíben el acceso de los ciudadanos al agua subterránea.
ü Permitir los pozos de 7.000 m3 para regadío y para cualquier
uso, aun disponiendo la parcela de agua de la red municipal.
ü Autorizar nuevas concesiones de aguas subterráneas de
hasta 50.000 m3/año para cualquier uso siempre y cuando éste sea compatible con
el medio ambiente.
ü Revisar las declaraciones de masas de aguas
subterráneas en riesgo, por no ajustarse a Derecho tales declaraciones al
carecer del rigor científico exigible.
2.
Gestión Pública de los embalses subterráneos. Al igual que la gestión de los embalses
superficiales es pública, también debe serlo la de los embalses subterráneos.
De tal forma que, salvo los pozos de menos de 7.000 m3 (que no requerirán
autorización en todo el Estado, como dice la Ley de Aguas, salvo en espacios
que tengan alguna figura de protección) y las concesiones de escasa importancia
(menores de 50.000 m3/año a ejecutar a más de 1.000 metros de distancia de
otros pozos emplazados en el mismo acuífero) el resto de usos será ejercido por
el Estado para favorecer el interés general con las actuaciones y planes
siguientes.
ü Elaboración de un plan
estatal de incentivación de la economía rural con aguas subterráneas, con
la ejecución de pozos en los acuíferos inferiores y balsas de riego para poner,
a disposición de cooperativas municipales y comunidades de regantes, volúmenes
de aguas subterráneas de entre 0,5 y 2 hm3/año para usos agrarios e
industriales. Dichas cooperativas asumirán un canon trimestral de amortización
de las obras del orden de los 10-20 céntimos de euro por metros cúbico de agua
puesta en la balsa. Todo ello, al objeto de cumplir la Directiva del Agua en
cuanto a la repercusión de costes de las obras públicas.
ü Elaboración de un plan
estatal de abaratamiento del precio del agua para la industria con aguas
subterráneas en ciudades y municipios de más de 20.000 habitantes y en las que
el precio del agua municipal supera la media nacional, y destinado a dotar a
los polígonos industriales de una doble tubería de agua: la municipal potable y
otra de usos exclusivo industrial con agua más barata y de origen subterráneo.
3.
Creación del organismo público Servicio Hidrogeológico
de España para asesorar el desarrollo
de estos programas de inversiones y su mantenimiento, dependiente del
Ministerio de Presidencia, cuya misión será la de ejecutar duchas obras y trasferir
luego su explotación a la Agencias Públicas del Agua.
4.
Creación de “bancos públicos de agua” en las zonas costeras mediante la integración de agua
de distintos orígenes (desalada, desalobrada, subterránea, reutilizada y
fluvial) para garantizar la demanda actual y futura con independencia de los
periodos de sequía y de la procedencia inicial del agua utilizada.
Medidas estructurales
5.
Desarrollar estudios, programas y obras
encaminadas a fomentar la autosuficiencia y la garantía hídrica, aportando agua
al Segura al mismo precio y calidad actual de la del trasvase del Tajo, que
será mezcla de distintas procedencias (acuíferos inferiores del Segura, aguas
desaladas del mar o continentales desalobradas) y con dos únicas tarifas: una
única para riego e industria y otra para abastecimiento público.
6.
Para ello, se crearán en cada demarcación hidrográfica la correspondiente
Agencia Estatal del Agua Pública,
que sustituirá a las actuales Confederaciones Hidrográficas y asumirán sus
competencias. Estos organismos autónomos podrán suministrar el agua a los
municipios directamente, sin intermediarios privados.
7.
La Planificación hidrológica debe integrar y cuantificar todos los componentes del ciclo hídrico real del agua y
admitidos por la comunidad científica internacional; donde, a parte de la
escorrentía fluvial, se debe
contabilizar también la aportación profunda subterránea al mar desconectada de
los cauces fluviales. Los valores medios de lluvia y evapotranspiración de
cada cuenca hidrográfica, por su trascendencia, deberán ser certificados por la
Agencia Estatal de Meteorología y los de las demandas deberán estar basados en
datos empíricos, en inventarios actualizados y en estudios de campo. Como esto no
se ha hecho así hasta ahora, se revisarán los Planes Hidrológicos vigentes con
estos criterios científicos.
8.
Los puntos de observación del estado cualitativo y cuantitativo de los
acuíferos serán propios y exclusivos de cada una de estas masas de aguas
subterráneas superpuestas. Sus medidas serán “representativas” de la situación
general y no podrán estar influenciadas por bombeos en pozos cercanos.
9.
Se dará continuidad a los estudios del IGME de los años 70 y 80 y se
concluirá la delimitación de los
acuíferos inferiores de cada cuenca hidrográfica, como se ha hecho ya en el
Duero, cuantificando el volumen del agua acumulada en dichos embalses
subterráneos, independientes unos de otros en la vertical, sus trasferencias
laterales y las surgencias al mar.
10.
Utilización de energías renovables para bombeo de agua de pozos y para las
desaladoras, lo que permitirá avanzar en la autosuficiencia energética, con las
ventajas económicas y ambientales que ello implica.
11.
Reasignar las aguas subterráneas de elevada pureza al abastecimiento,
asignando a los usos agrarios aguas con la calidad acorde a dichos usos. Esto
permite ganar en calidad del agua para abastecimiento y por tanto en salud
pública, reducir la intensidad y los costes de pretratamiento para potabilización,
mejorar las propiedades organolépticas del agua de boca y reducir los costes
energéticos y ambientales del abastecimiento urbano.
12.
Mejorar los caudales ecológicos de los ríos, recuperar la vegetación de
ribera, avanzar en el deslinde de ríos y ramblas, delimitar las zonas
inundables y garantizar que los retornos urbanos a los cauces públicos alcancen
los niveles de cantidad y depuración que exige la normativa europea.
13.
Fomentar la restauración del patrimonio y elementos hidráulicos
tradicionales existentes en los ríos así como galerías subterráneas relevantes
de las tradiciones históricas y de la cultura de los pueblos ligada al agua,
que no deben perderse y que deben conocer las generaciones futuras.
14.
Prohibición de la fractura hidráulica o fracking, por los elevados
riesgos que supone, entre otros, de contaminación de las aguas subterráneas.
15.
Priorizar la distribución de las aguas superficiales por los propios
ríos antes que por conducciones artificiales y mejorar la conectividad
longitudinal de éstos, con la eliminación de azudes y presas inservibles o de
uso no justificado, al objeto de mejorar la vida piscícola y ecológica de los
mismos.
16.
Prohibición de la Figura del Agente Recaudador Ejecutivo en las
Comunidades de Regantes como figura autónoma con capacidad de embargar y subastar
sin control judicial previo.
17.
Respaldar el Pacto por el Agua Pública y sus propuestas: rescatar la
gestión pública de los servicios de abastecimiento urbano y saneamiento,
garantizar una dotación mínima, el compromiso de no cortar el suministro en
casos de impago justificados socialmente y la participación ciudadana
Para cualquier aclaración o
ampliación de la información pueden contactar con:
Dña. Pilar Esquinas Rodrigo
Abogada Experta en Derecho de
Aguas
Telf 639 28 09 84
Twitter: @EsquinasPilar
D. Luis Francisco Turrión Peláez
Geólogo, Especialista en
Hidrogeología Aplicada
Telf 638 94 55 55
franciscoturrion@gmail.com