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Jornada Nacional de Trabajo Fospa - Colombia

Bogotá DC, 20 de Febrero 2019

Asistentes:

Ximena Gobierno Mayor.

Lucía Observatorio Ambiental. Comité Mocoa

Estefany. Comunicarte.

Alma Comunicarte, ALER.

Luz Pastoral social.

Rosendo. Onic.

Javier. Onic.

Diego Censat.

Juan. Ciase

Andrea Censat

Sonia Minga.

Javier Minga

Karla Asociación Ambiente y Sociedad. Comité Caquetá.

Katherine Gobierno Mayor

Andrés. Comunicarte

Juan. Caldera Gráfica. Comité Caquetá.

Octavio Uniamazonía. Comité Caquetá

Hugo Comité Mocoa

EdgarObservatorio Ambiental. Comité Mocoa

Mary  OZIP, Pueblo Pasto. Comité Mocoa.


1.    ¿Qué pasa hoy en la Amazonía?

 

Hay nuevas circunstancias que nos están obligando a cambiar las miradas que hasta ahora hemos tenido sobre la Amazonía y sus conflictos. La situación política que se vive en torno a Venezuela está determinando profundos cambios en la geopolítica del continente, conjuntamente con la imposición de regímenes de extrema derecha, como el de Bolsonaro en Brasil, alineados con la agenda colonialista de Estados Unidos. Son indicadores de que el imperio ha enfocado sus intereses en América Latina, reduciendo su incidencia en otras latitudes como el Medio Oriente, y en esa medida se acrecentarán las agresiones a los derechos y los pueblos de la Amazonía.

 

Los gobiernos que se imponen en el sur latinoamericano, además de perfilarse como regímenes autoritarios, integran mecanismos que van más allá de la represión a la oposición social y política., y la violación sistemática de los derechos humanos. Se trata de los dispositivos ideológicos que buscan la legitimación del carácter dictatorial a través de la validación oficial de las expresiones racistas, sexistas, patriarcales, y del moralismo retardatario, creando además un ambiente de polarización que traslade la conflictividad frente a los proyectos empresariales y gubernamentales, a estos ámbitos de los conflictos interétnicos y otros sectores sociales. En medio de esa

 

exacerbación de la diversidad, estos gobiernos de talante fascista pretenden convertir el desconocimiento de los derechos de comunidades negras, campesinas e indígenas, al igual que los conquistados por las mujeres y las comunidades LGBTI, en políticas de Estado.

 

Tales condiciones le permiten a estos gobiernos facilitar la intervención de los negocios petroleros, mineros, agroindustriales e hidroeléctricos, sobretodo, en las tierras que dejarían ser parte de los derechos de las comunidades étnicas, rurales y suburbanas. Un despropósito cobijado en discursos de la “conveniencia nacional” y el “interés público”, junto con señalamientos al acaparamiento étnico de tierras y la incapacidad productiva de los pueblos originales, o de economías inviables, como se está planteando en Brasil.

 

En este marco de regímenes centralistas y autoritarios, la participación y las libertades públicas en general se ven cada vez más restringidas, como es el caso de Colombia con los mecanismos de consulta popular, o los de la consultas previas, que ocurre también en otros países de la Amazonía. Y al calor de ese autoritarismo y la polarización social emergen nuevamente las expresiones paramilitares al servicio de intereses económicos y políticos, legales e ilegales, que disputan territorios y corredores.

 

Las decisiones políticas que vayan adoptando los gobiernos de Brasil y Colombia, tanto en el plano interno como internacional, marcarán la pauta sobre los peligros que tendrían para la Amazonía. Brasil es la economía más fuerte de la región y en esa condición jalona gran parte de las decisiones económicas y políticas en estas latitudes. Desde 2008 había una presión para que las selvas fueran incluidas en la economía verde, pero no fue hasta que Brasil dio su visto bueno que se viabilizó esta propuesta en la COP de Copenhague en 2009, y se empezaron a destinar recursos para hacer negocios con tales ecosistemas. La minería ilegal que vemos en Vaupés y Guanía en Colombia, proviene de mafias mineras en Brasil. Hoy la política de Bolsonaro es usar la Amazonía como fuente de financiación mediante el extractivismo, lo cual se agrava en Colombia por la afinidad ideológica entre Bolsonaro y Duque.

 

Los acuerdos intergubernamentales sobre la protección del corredor Triple A (Andes-Amazonas-Atlántico) que cubren el llamado Escudo Guayanés, o los ejercicios militares conjuntos realizados en la triple frontera en la localidad de Tabatinga, bajo la orientación del Comando sur de EEUU, develan que las afinidades ideológicas y políticas de los gobiernos de Bolsonaro y Duque moverán los intereses del capital transnacional hacia los territorios amazónicos.

 

Es claro que en el caso colombiano el gobierno Duque mantiene la lógica extractivista de los anteriores, en conexión con la expansión del sistema financiero, como se deduce del Plan Nacional de Desarrollo presentado al Congreso, pero mostrándose con una mayor intensidad y agresividad, que involucra una ofensiva sobre ecosistemas y territorios comunitarios hasta ahora no tocados por el desarrollo del capital. Este nuevo período de extractivismo está planteado en términos de un régimen autoritario con las características señaladas anteriormente. De hecho la Política de seguridad y Defensa del gobierno Duque va estrechamente ligado a la implementación del PND, en

 

donde los actores de la Fuerza Pública adquieren protagonismo en todos los campos, inclusive en el de la protección ambiental. Pensar a corto, urgente, mediano y largo plazo en todo este proceso, porque el PND es espeluznante; plantea, por ejemplo, pasar de 46 exploraciones a más de 200, buena parte de ellas en la Amazonía.

 

Hoy en la Amazonía se da la mayor deforestación de la historia. Aunque han habido distintas oleadas de deforestación, la más acentuada para Colombia fue en los 60 con una migración dirigida a la Amazonía, muy notoria en el piedemonte del Meta, Caquetá y Putumayo. Otra colonización importante fue la asociada a la confrontación con el Perú, donde incluso se pagaron servicios militares con baldíos. Esas oleadas de deforestación se le vienen achacando desde entonces al campesinado.

 

En 2010 se venía estabilizando la deforestación con 120.000 hectáreas, un área equivalente al departamento del Quindío en Colombia. Y desde el 2015 la deforestación ha venido en ascenso alcanzando un pico de 240.000 hectáreas en entre el 2018 y el 2019. Lo extraño es que en este mismo período es donde se ha destinado mayor presupuesto para su control. El gobierno Duque reconoce que existe este problema de la deforestación, pero sus análisis sobre las causas se concentran en señalar a las actividades económicas criminales, como los cultivos de coca, la minería ilegal o la ocupación campesina sin titulación de tierras; todo para tapar que sean las actividades petroleras, agropecuarias, mineras o de monocultivos, las mayores responsables de la deforestación.

 

En el PND del gobierno Duque se reconocen en cierta medida los efectos nocivos del extractivismo, y propone obtener recursos mediante agro negocios y economía verde. Para esto se han creado decretos como el 902/2017, las ZIDRES[1] y específicamente el pacto por la sostenibilidad contenido en él, donde se profundiza el pago por servicios ambientales - PSA, las compensaciones por pérdida de biodiversidad, los proyectos Redd+, etc. Estos proyectos legitiman la destrucción ambiental y social. La propuesta del plan para una salida a la deforestación es pasar de 65.000 hectáreas que existen actualmente bajo esquemas PSA a 240.000 para 2022. En general los indicadores que muestra el PND son aumentar las zonas de áreas protegidas, los bionegocios y los PSA.

 

En la lógica de la recentralización político-administrativa, habría que señalar particularmente la de las facultades de ordenamiento del territorio en miras a profundizar el modelo neoliberal y extractivista del desarrollo del capital. Para la Amazonía se está formulando en el PND una Política de Ordenamiento Territorial, que incluye al MOTRA[2], donde preocupa particularmente el componente de transporte, con la navegabilidad del río Caquetá, entre otros ríos. El PND se propone llegar a 142 acuerdos con las alcaldías, lo que quiere decir, imponer. También se está avanzando en la Evaluación Ambiental Estratégica del Arco Noroccidental Amazónico, financiada por los temas de cambio climático.

 

En el Putumayo la deforestación se está acrecentando por incursión cocalera. El Programa de sustitución de cultivos generó más problemáticas que soluciones. No hay condiciones para tener

 

sustento económico, y gran parte de la población está deforestando para resembrar cultivos de uso ilícito. Y junto a esta economía, ligada al narcotráfico en gran medida, se genera un problema de seguridad bastante complejo por la presencia de diferentes grupos armados ilegales, igual que sucede con la minería de draga. Ya hay sitios donde la población indígena tiene que comprar agua, no puede tomarla de los ríos por minería; ya tampoco se pueden consumir peces. El río Caquetá es el más contaminado de Colombia por mercurio, y los pueblos indígenas afectados por esta actividad son mucho más que la media nacional y mundial.

 

Había 89 procesos para constitución de resguardos y 39 para ampliación, pero los gobiernos no han tenido voluntad de legalizarlos, porque les podría entorpecer la explotación petrolera; la lectura del gobierno es que los pueblos indígenas son un problema para el gobierno. Los 65.000 indígenas que hay en Putumayo están en riesgo de existencia, por eso, la necesidad y la voluntad de articularnos al FOSpA y mostrar nuestras acciones de protección a Colombia, al mundo, a las entidades gubernamentales.



[1] Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social, ZIDRES

[2] Modelo de Ordenamiento Territorial Regional para la Amazonía, MOTRA