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*PPK EN LA OROYA*

*José De Echave C.*

Es totalmente legítimo preocuparse por la situación laboral y el futuro
incierto que enfrentan más de dos mil trabajadores del complejo metalúrgico
de La Oroya. Evidentemente una salida para la problemática de La Oroya debe
incluir el tema laboral.

Sin embargo, la agenda de La Oroya es mucho más amplia y compleja y la
visita del presidente electo, que en realidad parecía que seguía en
campaña, genera más dudas que certezas. Por ejemplo, llama la atención y
preocupa que no se haya dicho casi nada sobre la problemática ambiental de
la localidad. No hay que olvidar que todos los estudios realizados en los
últimos 10 años muestran que el 90% de su población ha sido seriamente
afectada por metales pesados: plomo, cadmio, arsénico. Allí está el
importante trabajo realizado por el Obispo de Huancayo, Monseñor Pedro
Barreto.

Además, tampoco se puede olvidar que la empresa norteamericana Doe Run
incumplió de manera reiterada con su Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA), que no era otra cosa que un conjunto de inversiones para
adecuar las operaciones del complejo metalúrgico a los estándares
ambientales del país. Doe Run recibió el beneficio de dos ampliaciones de
plazos y varias modificaciones del PAMA y nunca cumplió.

Lo cierto es que si el complejo metalúrgico reinicia operaciones sin haber
realizado la inversión pendiente en el circuito de cobre, la población de
esa localidad, incluidos los dos mil trabajadores y sus familias, recibirán
diariamente un coctel tóxico de metales pesados y el complejo se convertirá
nuevamente en un macro emisor.

Pero además, está en marcha un proceso concursal. Como se sabe, desde el
2012, los acreedores de la empresa Doe Run Perú (DRP) solicitaron el inicio
de un proceso concursal, que implica la intervención de los propios
acreedores para resolver el problema de los créditos impagos. En un primer
momento optaron por la restructuración, con la aprobación de un plan que
reprogramaba los pagos, pero no funcionó y se pasó a un proceso de
liquidación en marcha, que implicaba la venta de los activos (el complejo
metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza), sin que dejaran de funcionar.
La gestión de la empresa y el proceso estuvo a cargo inicialmente de la
empresa Right Business, luego de Profit y actualmente de DIRIGE SAC. Esta
última gestiona los activos de DRP y conduce el proceso desde octubre de
2015 con un nuevo convenio de liquidación en marcha que va hasta el 27 de
agosto de este año.

La estrategia de Kuczynski apuntaría a modificar la ley concursal para así
lograr un plazo mayor para el proceso de liquidación y concretar la
transferencia a algún inversionista. Se habla de cuatro potenciales
postores que acompañaron al presidente electo a La Oroya: el más importante
es el consorcio EETAC Syndicate, el cual habría mostrado interés de asumir
la empresa con todas sus instalaciones y respaldaría la liquidación en
marcha.  Este consorcio está conformado por varias empresas, entre ellas,
la china Nonferrous Metal (NFC), productor de plomo y zinc en Zambia,
Mongolia y Tailandia, la coreana Zincox y la también china Greenovo. Otras
compañías interesadas en adquirir los activos de La Oroya serían Southern
Peaks, Global Ressources Solutions y Stellar Mining.

Sin embargo, el tema no es simple y los intentos del presidente electo
tendrán que superar varias vallas y el escenario no es sólo el del
Congreso. Por ejemplo, no se puede perder de vista la demanda de Doe Run
presentada en el Ciadi en contra del Estado peruano: la empresa
norteamericana exige una indemnización de US$ 800 millones. Una norma casi
con nombre propio, como en la práctica es lo que propone PPK, le daría un
argumento adicional a Doe Run que sería aprovechado en el proceso de
arbitraje internacional.

La Oroya es uno de los más graves pasivos ambientales ligados a una
actividad productiva en la historia del Perú. Casos como el de La Oroya
resumen todo lo que un país no debe hacer en materia de gestión ambiental,
promoción de las inversiones y protección de la salud pública. La historia
de esta localidad y sobre todo los quince años de presencia de la empresa
Doe Run, son una larga lista de desaciertos de parte de las autoridades
peruanas, de irresponsabilidad y las peores prácticas de una empresa
inversionista.

Uno de los aspectos determinantes de la agenda en el Perú es la
construcción de una nueva gobernabilidad para las actividades productivas
que permita manejar la dimensión social y ambiental del desarrollo. Esa es
una de las tareas centrales del nuevo gobierno y bajo ese marco se deben
pensar las posibles salidas para La Oroya y para toda su población,
incluidos los trabajadores.

08 de julio de 2016

*CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN*
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